Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública hoy por el INE relativos al primer trimestre de 2020 reflejan un descenso de la ocupación en 7.200 personas, lo que supone un 1,2 por ciento respecto al trimestre anterior; así como un aumento del paro en 2.200 personas, un 1,7 por ciento más.
Hay que destacar, sin embargo, que la metodología utilizada por esta encuesta no refleja una imagen fiel de la actual situación del mercado laboral, ya que tiene en cuenta los tres primeros meses del año. Así la pérdida de empleo generada a partir de la declaración del estado de alarma no se contempla en esta encuesta.
Por lo tanto, a los 119.200 parados que estima esta primera EPA del año habría que sumarle el empleo destruido por causa directa de la crisis sanitaria del Covid-19, así como los trabajadores afectados por un Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que no computan como parados pero que no han trabajado en este periodo.
Este último colectivo de afectados por un ERTE, que en la Región se estima en torno a los 50.000 trabajadores según las últimas cifras aportadas por las consejería de Empleo, siguen contabilizándose entre los 604.800 ocupados que registra esta encuesta. Por lo tanto, la cifra real de parados a día de hoy en la Región podría superar en un 50 por ciento las cifras que refleja esta EPA.
Una de las claves para que el mercado de trabajo supere esta crítica situación es el apoyo que reciba el tejido empresarial, especialmente pymes y autónomos, como principales agentes generadores de empleo, con medidas que posibiliten su continuidad para salir de la situación de crisis en el menor tiempo posible. El objetivo debe ser evitar los cierres de empresas y, con ello, minimizar la destrucción de empleo y posibilitar la reincorporación de los trabajadores afectados por un ERTE.
Para ello, se hace urgente la adopción de las siguientes medidas:
Que las líneas de financiación ya anunciadas con el objetivo de asegurar la liquidez de las empresas se hagan realmente efectivas por parte de la administración central a través del ICO. Para ello se reclaman mecanismos ágiles, flexibles y de sencilla tramitación, así como una mayor dotación de las ayudas que la administración regional concede para financiar los intereses de los préstamos y las comisiones de los avales.
Que las empresas cuenten con seguridad jurídica en todo el procedimiento de los ERTEs para que los ya aprobados por silencio administrativo no puedan ser denegados en un futuro. Resulta también imprescindible que los trabajadores accedan a sus prestaciones sin retrasos, por el perjuicio que estos suponen para el consumo en general y especialmente para las familias con recursos escasos.
Que pymes y autónomos se vean exonerados de sus cargas sociales y fiscales, o se beneficien de moratorias amplias, en tanto no puedan generar ingresos como resultado de la actual situación.
Hay que considerar que en el futuro próximo, el impacto de esta crisis podría afectar tanto a la demanda por la contracción del consumo propia de un escenario de incertidumbre y menor renta disponible, como de oferta en determinados sectores que deban reorientar sus procesos productivos y asumir los aumentos de costes que los nuevos requerimientos generen.
En este sentido, deben contemplarse las particularidades del mercado laboral regional donde el elevado peso específico de la agricultura en la actividad económica puede moderar el impacto negativo de la crisis; mientras que sectores como el turístico o el comercio de proximidad se enfrentan a un mayor grado de incertidumbre por las condiciones en las que se produzca la vuelta a la actividad.
También preocupa la elevada dependencia del sector público que genera la actual situación del mercado laboral, ya que inevitablemente elevará la deuda contraída por la administración, mientras la recaudación impositiva decrecerá por la menor actividad económica.
