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Las Cámaras de Alicante, Murcia, Almería, Cartagena, Orihuela y Lorca, han enviado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, un estudio de impacto laboral, económico y medioambiental del Trasvase Tajo-Segura que califican como «una infraestructura necesaria«, en el contexto del rechazo generaliado a la propuesta del Ministerio de subir gradualmente el caudal ecológico del Tajo los próximos seis años.

Esta iniciativa es resultado de la reunión celebrada en mayo entre los presidentes de la Cámara de Alicante, Juan Riera;  Murcia, Miguel López Abad; Almería, Jerónimo Parra; Cartagena, Miguel Agustín Martínez Bernal; Orihuela, Mario Martínez y de Lorca, Juan Francisco Gómez, donde se acordó realizar un documento conjunto y un estudio de impacto laboral, económico y medioambiental para hacer llegar a Europa la preocupación de las regiones afectadas por este gravísimo problema y pedir su arbitraje, haciendo valer la opinión de los empresarios especialmente en los sectores agrícola, industrial y turístico.

Principales conclusiones

El documento, que lleva como título «El trasvase Tajo-Segura. Una infraestructura necesaria»,  destaca que la sustitución del caudal del trasvase Tajo-Segura por agua desalada no solo tendrá consecuencias económicas y sociales derivadas del aumento del coste del agua del 20 por ciento, que en años de sequía podría alcanzar hasta el 130 por ciento, sino también medioambientales, como riesgo de desertificación o sobreexplotación de acuíferos, entre otras. Así, asegura que la desalación  «no constituye una alternativa al trasvase Tajo-Segura» e incide en que «puede ser un complemento de sus recursos, pero nunca una verdadera alternativa que permita su sustitución«.

Según el informe «la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto demográfico de modificar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, junto con el incremento de los caudales ecológicos previsto en el borrador del Plan Hidrológico del Tajo, ha provocado una gran preocupación entre los agricultores y otros usuarios del agua del trasvase«.

«La reducción del volumen máximo trasvasable en el nivel 2 desde los 38 hm3/mes actuales hasta 27 hm3/mes se fundamenta en el hipotético ahorro que podría garantizar más envíos automáticos de caudal en períodos deficitarios«, añade. Por otra parte, señala, «el aumento de los caudales ecológicos del Tajo hasta los niveles propuestos se considera inasumible, ya que la capacidad de desalación prevista en la planificación actual no es suficiente para compensar las pérdidas de volúmenes superiores a un incremento de 1 m3 por segundo«.

Remarca que «el agua del Tajo es vital para el desarrollo de sectores clave para la economía de las provincias de Alicante, Murcia y Almería, como la agricultura de regadío, el turismo, la construcción y la industria«. «Además, el trasvase es la auténtica garantía del abastecimiento urbano para más de tres millones de habitantes y visitantes«.

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Los presidentes de la Cámara de Alicante, Juan Riera; Almería, Jerónimo Parra; Murcia, Miguel López Abad; Cartagena, Miguel Martínez Bernal; Orihuela, Mario Martínez y de Lorca, Juan Francisco Gómez se han comprometido a defender desde sus respectivas áreas la continuidad del Trasvase Tajo Segura en sus actuales caudales y defender antes las respectivas administraciones autonómicas y el Gobierno Central la necesidad de que no se ponga en cuestión constantemente una infraestructura imprescindible para la economía de las provincias del sureste de España.

Las Cámaras han decidido realizar un documento conjunto y un estudio de impacto económico y laboral para hacer llegar a Europa la preocupación de las regiones afectadas por este gravísimo problema y pedir su arbitraje, haciendo valer la fuerza de los empresarios especialmente en los sectores agrícola, industrial y turístico.

La reunión se ha mantenido hoy telemáticamente a instancia del presidente de Alicante, Juan Riera, por el reciente anuncio del Gobierno Central de la reducción de 80 hm3 del agua del Tajo, que se suma a la reducción a medio plazo de 70 hm3 más por los caudales ecológicos, lo que continúa en la línea de acabar con las cesiones de agua a las provincias de Alicante, Almería y Murcia.
Las Cámaras señalan que el agua es una necesidad ineludible para nuestra agricultura y que es un contrasentido que un bien de todos que genera beneficios para todos los españoles se cuestione constantemente, con los graves perjuicios de reputación y dificultades para la atracción de inversiones en las provincias de Almería, Murcia y Alicante.

Una escasez estructural

La situación hídrica en las cuencas del Sureste es insostenible sin la aportación del Trasvase y, señalan los presidentes de las Cámaras, que sin duda la intención del Gobierno, presionado por Castilla La Mancha, sea acabar con la transferencia de caudales o hacerlos tan escasos que realmente frenen la agricultura de las provincias receptoras.

Los sistemas hídricos del Sureste padecen una escasez de tipo estructural, es decir, el recurso potencial, incluyendo desalación y transferencias, es sistemáticamente inferior al nivel de consumo que se precisa. La solución sólo puede proceder de una reducción del nivel de consumo o del incremento de la aportación de recursos externos, procedentes del mar mediante desalación, pero la desalación tiene altos costes en energía y ecológicos por el vertido de salmueras al mar, y en todo caso puede ser un recurso complementario, nunca exclusivo y no puede ser utilizado en la agricultura. Hay agua, pero está mal distribuida y existe un egoísmo y una avaricia históricos para ceder recursos que no se utilizan por si otras regiones avanzan y algunas se quedan por detrás.

El desarrollo que se pretende conseguir en las regiones destinatarias de los trasvases no se hace a costa del desarrollo de las regiones donantes, ya que los trasvases garantizan el consumo futuro previsto para las regiones cedentes, el caudal ecológico establecido y un margen suficientemente amplio para prevenir eventuales épocas de sequía o posibles errores de cálculo.

Las regiones cedentes tienen la posibilidad de seguir desarrollándose, e incluso mayores posibilidades para hacerlo, pues parte de la recaudación que se hace por el uso del agua trasvasada va destinada a la mejora de sus cuencas, especialmente al cuidado ecológico de las mismas.

Las comunidades del Mediterráneo han invertido elevados recursos económicos para adecuar las redes de conducción de agua a unas pérdidas mínimas, así como para depurar los vertidos para su posterior reutilización o no contaminar las aguas del mar, ya que la limpieza del entorno es elemento clave de la industria turística.

Para las Cámaras el agua es un bien de todos los españoles, no de unos pocos, y tenemos tanto derecho como el que más a una utilización racional de los recursos. ¿Qué interés político se tiene en llevar el agua donde casi no produce beneficios, por el clima o las condiciones del suelo, cuando se ha demostrado que la agricultura del sureste español es la que con menores recursos hídricos produce los mejores resultados?

Frente cameral común

El presidente de la Cámara de Alicante, Juan Riera, ha indicado que “hoy en día el Trasvase no se hubiera llegado a construir. Políticamente resultaría imposible un pacto en el que se implicaran la mayoría de los partidos y de las Comunidades Autónomas afectadas. Los recelos, las envidias y los intereses localistas de algunos perjudican el bien común y la solidaridad brilla por su ausencia. Mucho nos tememos que la intención del Gobierno, presionado por Castilla La Mancha, sea acabar con la transferencia de caudales o hacerlos tan escasos que realmente frenen nuestro progreso. El agua es un bien de todos los españoles, no de unos pocos, y tenemos tanto derecho como el que más a una utilización racional de los recursos”.

Miguel López Abad, presidente de la Cámara de Comercio de Murcia sostiene que “la incertidumbre que producen los continuos cambios de criterio sobre el Trasvase son un lastre para el desarrollo empresarial en el que deberíamos estar empleando todos nuestros esfuerzos. De nuevo nos vemos abocados a polémicas y enfrentamientos cuando, hoy más que nunca, deberíamos estar unidos en reactivar la economía, salvando empresas y puestos de trabajo”. López Abad subraya que «exigimos la efectiva utilización de los fondos recaudados por los caudales de agua trasvasada en la mejora ecológico de las cuencas cedentes, lo que supondría un mejor aprovechamiento de este recurso en el conjunto de España«.

Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Almería, señaló: “Nos enfrentamos a un enorme reto que es el de que se garantice el agua en toda la provincia de Almería y el conjunto del Levante español; el trasvase Tajo-Segura es una infraestructura a la que no podemos renunciar; es bien común y como tal el agua no puede ni debe ser un motivo de confrontación ni objeto de uso partidista. Necesitamos el trasvase para garantizar la actividad y la economía del Levante. Por eso es importante aunar esfuerzos para lograr que se cubran las necesidades de agua de forma estable en el tiempo; es muy importante tener en cuenta que la gestión del agua en la zona es muy eficiente pero la escasez y falta de recursos es siempre una amenaza. Tenemos que demostrar unidad total, dar pasos hacia una economía circular”.

En la misma línea se pronuncia el presidente de la Cámara de Lorca, Juan Francisco Gómez: “El agua es un bien universal, que no es propiedad de nadie, y así se establece en nuestra propia Constitución, por eso es importante olvidarnos ya de intereses partidistas y elaborar un plan general de agua para todas y cada una de las Comunidades autónomas, para que todas ellas cuenten con los recursos suficientes y necesarios para desarrollarse económica y socialmente. No podemos renunciar a que el agua tenga definitivamente un carácter totalmente público, y que nadie se pueda beneficiar independientemente de los recursos económicos que disponga, y tiene que contener además, las infraestructuras necesarias para que todo el mundo disponga de ese bien”.

En el transcurso de este encuentro telemático, el presidente de Cámara Orihuela, Mario Martínez ha asegurado que la permanencia del Tajo-Segura es vital “en tanto que de él dependen dos de nuestros sectores estratégicos para el desarrollo: agroalimentación y turismo”. Martínez ha añadido que Orihuela y la Vega Baja aglutinan buena parte de la superficie de regadío de la provincia, “una agricultura que ha sabido modernizarse y aprovechar el agua al máximo”. Respecto al turismo, Martínez ha recordado que la Vega Baja aglutina una amplia oferta vinculada al sol, la playa y el turismo residencial. “Hemos desestacionalizado la oferta, suponemos un 35% del turismo de golf de la Comunidad, solo en Orihuela contamos con cinco campos, y para continuar el desarrollo necesitamos un agua que no es gratis, sino que se paga desde hace más de cuarenta años”.

Miguel Martínez Bernal, presidente de la Cámara de Cartagena suscribe lo dicho por todos sus colegas y subraya la importancia que para el Sureste español, y en especial para la Región de Murcia, “ha tenido y tiene el trasvase como motor dinamizador del desarrollo económico y social, contribuyendo a consolidar y posicionar el sector como referencia nacional e internacional de agricultura más competitiva, modernizada y sostenible de España; a la vez que se genera un próspero sector de servicios inducidos conexos y derivados del mismo que sin duda son un claro ejemplo de dinamismo, innovación y competitividad”.

Los seis presidentes han coincidido en subrayar el valor del Trasvase Tajo-Segura como una necesidad ineludible que no puede verse sometida a constantes vaivenes y cambios de postura partidistas y señalan que este último golpe debe tener una respuesta contundente por parte de todos los partidos políticos, instituciones y de los ciudadanos de Alicante, Almería y Murcia.

El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de la Cámara de Comercio de Murcia se sitúa en el -6,9 en el cuarto trimestre del año, el tercer signo negativo consecutivo de este indice que, sin embargo, mejora los trimestres previos, donde registró un -11,7 y un -39,4 por ciento (este último, el más pronunciado de toda la serie histórica).

La confianza empresarial, por lo tanto, mantiene un signo negativo como resultado de la pandemia del COVID-19 y las medidas implantadas para contenerla, ya que están lastrando la actividad empresarial a partir del segundo trimestre del año, recordando que el indicador no registraba saldos negativos desde mediados de 2013. Esta encuesta, realizada entre 200 empresas, ha valorado los resultados obtenidos durante el tercer trimestre y las perspectivas para el cuarto respecto a los principales parámetros de la actividad empresarial.

Como explica el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel López Abad, “el Indice de Confianza Empresarial muestra claramente que se mantiene la incertidumbre de empresas y consumidores ante la evolución de la pandemia y sus consecuencias económicas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que juega a favor de la Región de Murcia respecto a otras Comunidades Autónomas el hecho de contar con una mayor ponderación en el tejido productivo de actividades consideradas esenciales como las ligadas a la agricultura y la industria agroalimentaria, entre otras”.

Así lo reflejan las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que en el tercer trimestre señalan una caída interanual del PIB del -4,3 por ciento, a pesar del avance intertrimestral del 14,4 por ciento. Este descenso es notablemente inferior al de la media de España, que es del -8,7 por ciento y nos sitúa entre las Comunidades Autónomas con la tasa menos desfavorable. Las previsiones para el conjunto del año del Gobierno indican una caída del -11,2 por ciento en España, y otros organismos supranacionales como la OCDE incluso más intensa del -11,9.

En la Región y de cara al cierre del cuarto trimestre, entre los encuestados se advierte un mayor pesimismo relacionado con las consecuencias de las últimas medidas impuestas relativas al cierre perimetral de la Región y todos sus municipios, el toque de queda y las restricciones a la hostelería.

Como resultado, aumenta el porcentaje de encuestados que señala la debilidad de la demanda como el principal factor que limita a actividad de las empresas, pasando del 68,4 por ciento del trimestre anterior al 73,5 por ciento actual. De ellos, el 47,6 identifica la crisis sanitaria y las medidas para contenerla como la causa específica de esta situación. Las dificultades de financiación o tesorería también adquieren más relevancia, y ya es el 21,3 por ciento de las empresas las que manifiestan tener problemas de financiación o liquidez para afrontar el normal desarrollo de su actividad.

Principales resultados

Todas las variables analizadas siguen afectadas por la menor actividad y la recesión económica general. Así, el tercer trimestre del año se ha cerrado con una disminución en su cifra de negocio para el 2,3 por ciento de las empresas encuestadas, un porcentaje que aumenta significativamente en las perspectivas para el cuarto, donde un 14,9 por ciento neto de los encuestados creen que venderán nemos.

La peor evolución se da al preguntar sobre la inversión, una de las variables que mejor refleja el nivel de incertidumbre económica. En este caso del -5,8 por ciento de los encuestados que dicen haberla disminuido durante el tercer trimestre, se pasa al -23,9 por ciento al hablar de perspectivas.

Tampoco las exportaciones logran un signo positivo, ni en la valoración del periodo julio-septiembre, donde el 10,6 por ciento de los encuestados dice haber vendido menos fuera de nuestras fronteras, como sobre las perspectivas par octubre-diciembre, que se sitúa en un nivel muy similar (-9,4 por ciento).

A pesar de las negativas expectativas previas, los resultados del tercer trimestre muestran que la contratación de nuevos trabajadores volvió al terreno positivo según el 10,3 por ciento de los empresarios, la única de las variables que presenta un signo positivo. Esta tendencia es la que refleja también la Encuesta de Población Activa (EPA) en el tercer trimestre con un aumento de la ocupación en ese periodo de 28.500 personas, un 4,8 por ciento.

Sin embargo, de cara al último tramo del año, los empresarios vuelven a mostrarse pesimistas, ya que el 5 por ciento neto de los encuestados señalan que disminuirán su plantilla de trabajadores. En noviembre, la Región contaba con 19.984 personas más buscando empleo activamente que hace un año, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, lo que supone un aumento del 19,9 por ciento.

Por su parte, los datos de la Seguridad Social indican un modesto crecimiento de la afiliación del 0,8 por ciento, 4.453 personas más que un año antes. Además, hay que tener en cuenta que en noviembre todavía había 11.166 trabajadores que se encuentran en ERTE y que, durante el pasado mes y debido a la intensificación de las medidas para contener la situación sanitaria, se incrementaron en 1.900 personas, con el peligro de que, tras su reincorporación, pasen a engrosar las listas del paro si la actividad económica no se recupera con la intensidad suficiente.

Finalmente, los precios de venta para el tercer trimestre disminuirán según el 11,9 por ciento neto de las empresas encuestadas, mientras que en el anterior se han reducido en el 11,5 por ciento neto de ellas, tal y como refleja el Índice de Precios al Consumo (IPC) en la Región de Murcia que en octubre situó su tasa interanual en el -0,5 por ciento, encadenando siete meses en negativo.

Saldos netos, como diferencia entre los porcentajes de respuestas de aumento y disminución: valores positivos indican avances, mientras que datos negativos señalan retroceso de actividad.