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El pasado mes de septiembre ha dejado positivas cifras del paro para la Región que, con un descenso del 7,29 por ciento 7.355 personas) frente al 2,28 por ciento de la media nacional, se convierte en la tercera Comunidad Autónoma con mejor comportamiento mensual.

Más positivo aún es el horizonte interanual, donde la Región consigue un descenso del 21 por ciento frente al 13,7 de la media española, lo que nos sitúa como la segunda Comunidad Autónoma en el ranking de bajada del paro.

El último descenso mensual del paro registrado en la Región es el séptimo consecutivo y beneficia de manera generalizada a todos los sectores, especialmente a servicios que concentra más de la mitad del descenso (3.844 personas). También es significativa la mejora en el colectivo sin empleo anterior, con 1.213 parados menos, donde se producen muchas sustituciones y nuevas contrataciones, lo que afecta a la disminución del desempleo juvenil.

A esta rebaja en el número de desempleados en septiembre no le ha acompañado el aumento en las afiliaciones a la Seguridad Social, que registran un descenso del 0,85 por ciento. Sin embargo, en el cómputo de los últimos doce meses, sí se constata un aumento de inscritos en la Seguridad Social, concretamente en 7.514 nuevos afiliados, lo que supone un incremento del 2,6 por ciento.

Mejora el nivel prepandemia

Con todo ello, el número total de parados en la Región se sitúa en 93.507 personas, mejorando el nivel que manteníamos antes de la pandemia (101.485 parados en febrero de 2020). Se consolida así la tendencia de recuperación del mercado laboral regional, aunque hay que recordar que un total de 2.972 trabajadores aún permanecen en ERTE en la Región.

A este respecto, se valora positivamente la prórroga decidida por el Gobierno hasta finales del próximo mes de febrero, en cuanto sigue protegiendo a los trabajadores y evitando una mayor mortalidad de aquellas empresas que aún no han recuperado su nivel de actividad normal. A partir de ahí, se reclama que la actualización de estas fórmulas de protección sea consensuada entre Gobierno, patronal y sindicatos, de la misma forma que se requiere consenso ante cualquier reforma laboral.

Finalmente, los empresarios destacan las incertidumbres propias de la economía regional, entre las cuales la actualidad recuerda la falta de infraestructuras fundamentales para el incremento de la competitividad empresarial, especialmente en el ámbito ferroviario. Este debería ser uno de los destinos de las anunciadas ayudas europeas, junto con la resolución de situaciones como la del Mar Menor y su entorno, donde se deberían promover cambios profundos para impulsar un turismo y una agricultura sostenibles.

Las Cámaras de Alicante, Murcia, Almería, Cartagena, Orihuela y Lorca, han enviado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, un estudio de impacto laboral, económico y medioambiental del Trasvase Tajo-Segura que califican como «una infraestructura necesaria«, en el contexto del rechazo generaliado a la propuesta del Ministerio de subir gradualmente el caudal ecológico del Tajo los próximos seis años.

Esta iniciativa es resultado de la reunión celebrada en mayo entre los presidentes de la Cámara de Alicante, Juan Riera;  Murcia, Miguel López Abad; Almería, Jerónimo Parra; Cartagena, Miguel Agustín Martínez Bernal; Orihuela, Mario Martínez y de Lorca, Juan Francisco Gómez, donde se acordó realizar un documento conjunto y un estudio de impacto laboral, económico y medioambiental para hacer llegar a Europa la preocupación de las regiones afectadas por este gravísimo problema y pedir su arbitraje, haciendo valer la opinión de los empresarios especialmente en los sectores agrícola, industrial y turístico.

Principales conclusiones

El documento, que lleva como título «El trasvase Tajo-Segura. Una infraestructura necesaria»,  destaca que la sustitución del caudal del trasvase Tajo-Segura por agua desalada no solo tendrá consecuencias económicas y sociales derivadas del aumento del coste del agua del 20 por ciento, que en años de sequía podría alcanzar hasta el 130 por ciento, sino también medioambientales, como riesgo de desertificación o sobreexplotación de acuíferos, entre otras. Así, asegura que la desalación  «no constituye una alternativa al trasvase Tajo-Segura» e incide en que «puede ser un complemento de sus recursos, pero nunca una verdadera alternativa que permita su sustitución«.

Según el informe «la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto demográfico de modificar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, junto con el incremento de los caudales ecológicos previsto en el borrador del Plan Hidrológico del Tajo, ha provocado una gran preocupación entre los agricultores y otros usuarios del agua del trasvase«.

«La reducción del volumen máximo trasvasable en el nivel 2 desde los 38 hm3/mes actuales hasta 27 hm3/mes se fundamenta en el hipotético ahorro que podría garantizar más envíos automáticos de caudal en períodos deficitarios«, añade. Por otra parte, señala, «el aumento de los caudales ecológicos del Tajo hasta los niveles propuestos se considera inasumible, ya que la capacidad de desalación prevista en la planificación actual no es suficiente para compensar las pérdidas de volúmenes superiores a un incremento de 1 m3 por segundo«.

Remarca que «el agua del Tajo es vital para el desarrollo de sectores clave para la economía de las provincias de Alicante, Murcia y Almería, como la agricultura de regadío, el turismo, la construcción y la industria«. «Además, el trasvase es la auténtica garantía del abastecimiento urbano para más de tres millones de habitantes y visitantes«.

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Los presidentes de la Cámara de Alicante, Juan Riera; Almería, Jerónimo Parra; Murcia, Miguel López Abad; Cartagena, Miguel Martínez Bernal; Orihuela, Mario Martínez y de Lorca, Juan Francisco Gómez se han comprometido a defender desde sus respectivas áreas la continuidad del Trasvase Tajo Segura en sus actuales caudales y defender antes las respectivas administraciones autonómicas y el Gobierno Central la necesidad de que no se ponga en cuestión constantemente una infraestructura imprescindible para la economía de las provincias del sureste de España.

Las Cámaras han decidido realizar un documento conjunto y un estudio de impacto económico y laboral para hacer llegar a Europa la preocupación de las regiones afectadas por este gravísimo problema y pedir su arbitraje, haciendo valer la fuerza de los empresarios especialmente en los sectores agrícola, industrial y turístico.

La reunión se ha mantenido hoy telemáticamente a instancia del presidente de Alicante, Juan Riera, por el reciente anuncio del Gobierno Central de la reducción de 80 hm3 del agua del Tajo, que se suma a la reducción a medio plazo de 70 hm3 más por los caudales ecológicos, lo que continúa en la línea de acabar con las cesiones de agua a las provincias de Alicante, Almería y Murcia.
Las Cámaras señalan que el agua es una necesidad ineludible para nuestra agricultura y que es un contrasentido que un bien de todos que genera beneficios para todos los españoles se cuestione constantemente, con los graves perjuicios de reputación y dificultades para la atracción de inversiones en las provincias de Almería, Murcia y Alicante.

Una escasez estructural

La situación hídrica en las cuencas del Sureste es insostenible sin la aportación del Trasvase y, señalan los presidentes de las Cámaras, que sin duda la intención del Gobierno, presionado por Castilla La Mancha, sea acabar con la transferencia de caudales o hacerlos tan escasos que realmente frenen la agricultura de las provincias receptoras.

Los sistemas hídricos del Sureste padecen una escasez de tipo estructural, es decir, el recurso potencial, incluyendo desalación y transferencias, es sistemáticamente inferior al nivel de consumo que se precisa. La solución sólo puede proceder de una reducción del nivel de consumo o del incremento de la aportación de recursos externos, procedentes del mar mediante desalación, pero la desalación tiene altos costes en energía y ecológicos por el vertido de salmueras al mar, y en todo caso puede ser un recurso complementario, nunca exclusivo y no puede ser utilizado en la agricultura. Hay agua, pero está mal distribuida y existe un egoísmo y una avaricia históricos para ceder recursos que no se utilizan por si otras regiones avanzan y algunas se quedan por detrás.

El desarrollo que se pretende conseguir en las regiones destinatarias de los trasvases no se hace a costa del desarrollo de las regiones donantes, ya que los trasvases garantizan el consumo futuro previsto para las regiones cedentes, el caudal ecológico establecido y un margen suficientemente amplio para prevenir eventuales épocas de sequía o posibles errores de cálculo.

Las regiones cedentes tienen la posibilidad de seguir desarrollándose, e incluso mayores posibilidades para hacerlo, pues parte de la recaudación que se hace por el uso del agua trasvasada va destinada a la mejora de sus cuencas, especialmente al cuidado ecológico de las mismas.

Las comunidades del Mediterráneo han invertido elevados recursos económicos para adecuar las redes de conducción de agua a unas pérdidas mínimas, así como para depurar los vertidos para su posterior reutilización o no contaminar las aguas del mar, ya que la limpieza del entorno es elemento clave de la industria turística.

Para las Cámaras el agua es un bien de todos los españoles, no de unos pocos, y tenemos tanto derecho como el que más a una utilización racional de los recursos. ¿Qué interés político se tiene en llevar el agua donde casi no produce beneficios, por el clima o las condiciones del suelo, cuando se ha demostrado que la agricultura del sureste español es la que con menores recursos hídricos produce los mejores resultados?

Frente cameral común

El presidente de la Cámara de Alicante, Juan Riera, ha indicado que “hoy en día el Trasvase no se hubiera llegado a construir. Políticamente resultaría imposible un pacto en el que se implicaran la mayoría de los partidos y de las Comunidades Autónomas afectadas. Los recelos, las envidias y los intereses localistas de algunos perjudican el bien común y la solidaridad brilla por su ausencia. Mucho nos tememos que la intención del Gobierno, presionado por Castilla La Mancha, sea acabar con la transferencia de caudales o hacerlos tan escasos que realmente frenen nuestro progreso. El agua es un bien de todos los españoles, no de unos pocos, y tenemos tanto derecho como el que más a una utilización racional de los recursos”.

Miguel López Abad, presidente de la Cámara de Comercio de Murcia sostiene que “la incertidumbre que producen los continuos cambios de criterio sobre el Trasvase son un lastre para el desarrollo empresarial en el que deberíamos estar empleando todos nuestros esfuerzos. De nuevo nos vemos abocados a polémicas y enfrentamientos cuando, hoy más que nunca, deberíamos estar unidos en reactivar la economía, salvando empresas y puestos de trabajo”. López Abad subraya que «exigimos la efectiva utilización de los fondos recaudados por los caudales de agua trasvasada en la mejora ecológico de las cuencas cedentes, lo que supondría un mejor aprovechamiento de este recurso en el conjunto de España«.

Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Almería, señaló: “Nos enfrentamos a un enorme reto que es el de que se garantice el agua en toda la provincia de Almería y el conjunto del Levante español; el trasvase Tajo-Segura es una infraestructura a la que no podemos renunciar; es bien común y como tal el agua no puede ni debe ser un motivo de confrontación ni objeto de uso partidista. Necesitamos el trasvase para garantizar la actividad y la economía del Levante. Por eso es importante aunar esfuerzos para lograr que se cubran las necesidades de agua de forma estable en el tiempo; es muy importante tener en cuenta que la gestión del agua en la zona es muy eficiente pero la escasez y falta de recursos es siempre una amenaza. Tenemos que demostrar unidad total, dar pasos hacia una economía circular”.

En la misma línea se pronuncia el presidente de la Cámara de Lorca, Juan Francisco Gómez: “El agua es un bien universal, que no es propiedad de nadie, y así se establece en nuestra propia Constitución, por eso es importante olvidarnos ya de intereses partidistas y elaborar un plan general de agua para todas y cada una de las Comunidades autónomas, para que todas ellas cuenten con los recursos suficientes y necesarios para desarrollarse económica y socialmente. No podemos renunciar a que el agua tenga definitivamente un carácter totalmente público, y que nadie se pueda beneficiar independientemente de los recursos económicos que disponga, y tiene que contener además, las infraestructuras necesarias para que todo el mundo disponga de ese bien”.

En el transcurso de este encuentro telemático, el presidente de Cámara Orihuela, Mario Martínez ha asegurado que la permanencia del Tajo-Segura es vital “en tanto que de él dependen dos de nuestros sectores estratégicos para el desarrollo: agroalimentación y turismo”. Martínez ha añadido que Orihuela y la Vega Baja aglutinan buena parte de la superficie de regadío de la provincia, “una agricultura que ha sabido modernizarse y aprovechar el agua al máximo”. Respecto al turismo, Martínez ha recordado que la Vega Baja aglutina una amplia oferta vinculada al sol, la playa y el turismo residencial. “Hemos desestacionalizado la oferta, suponemos un 35% del turismo de golf de la Comunidad, solo en Orihuela contamos con cinco campos, y para continuar el desarrollo necesitamos un agua que no es gratis, sino que se paga desde hace más de cuarenta años”.

Miguel Martínez Bernal, presidente de la Cámara de Cartagena suscribe lo dicho por todos sus colegas y subraya la importancia que para el Sureste español, y en especial para la Región de Murcia, “ha tenido y tiene el trasvase como motor dinamizador del desarrollo económico y social, contribuyendo a consolidar y posicionar el sector como referencia nacional e internacional de agricultura más competitiva, modernizada y sostenible de España; a la vez que se genera un próspero sector de servicios inducidos conexos y derivados del mismo que sin duda son un claro ejemplo de dinamismo, innovación y competitividad”.

Los seis presidentes han coincidido en subrayar el valor del Trasvase Tajo-Segura como una necesidad ineludible que no puede verse sometida a constantes vaivenes y cambios de postura partidistas y señalan que este último golpe debe tener una respuesta contundente por parte de todos los partidos políticos, instituciones y de los ciudadanos de Alicante, Almería y Murcia.