Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública hoy por el INE muestran un aumento de la ocupación en 28.500 personas (+ 4,8 por ciento), lo que refleja el “respiro” que el trimestre de julio-septiembre supuso respecto al anterior, en el que los efectos de la pandemia se dejaron notar con más intensidad.
En términos internanuales, en la Región se han logrado crear 500 puestos de trabajo (+0,1 por ciento), un aumento de escasa intensidad, pero que supone un hecho diferencial respecto al conjunto de España y de todas las Comunidades Autónomas, donde la ocupación interanual desciende en todos los casos, con una media del -3,5 por ciento.
Por su parte, en el horizonte interanual el paro muestra una intensa subida del 26 por ciento, lo que supone la existencia de 26.600 parados más. La confluencia de ambos indicadores se explica por el fuerte aumento de la población activa en 27.100 personas, probablemente porque la incertidumbre de la actual situación empuja a más personas a buscar empleo. En el últimos trimestre la subida del paro ha sido de 19.300 personas (+17,6 por ciento), lo que deja la tasa de paro en la Región en el 17,2 por ciento, frente al 16,3 de la media nacional.
Dede la Cámara de Comercio de Murcia se subraya la preocupación por los efectos que el nuevo estado de alarma tendrá en el mercado laboral, sobre todo considerando tanto el mantenimiento de más de 10.500 trabajadores en situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a finales de septiembre, como la obligación de mantener el empleo durante seis meses para los trabajadores reincorporados tras un ERTE y que, una vez finalizado ese periodo, dependen de la actividad de su empresa.
Por lo tanto, el futuro inmediato del mercado laboral puede calificarse de preocupante, sobre todo para sectores especialmente afectados por la limitaciones de la vida social, como son turismo, hostelería y comercio.
Frente a esta situación, los empresarios reclaman intensificar las medidas de apoyo, tales como una mayor dotación de ayudas para mantener la liquidez de las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, así como a los autónomos, para evitar su quiebra y que puedan mantener la actividad, protegiendo así el empleo, con planes específicos para los sectores de comercio, tursimo y hostelería.
En materia fiscal, no se considera oportuno plantear subidas impositivas por sus efectos perjudiciales en el consumo y la inversión. Además, debería contemplarse la suspensión y/o el aplazamiento automático y sin intereses del pago de impuestos nacionales, autonómicos y locales vinculados a sectores especialmente afectados por la pandemia, independientemente del volumen o características de su negocio. También es necesario un aplazamiento del pago de las cuotas a la Seguridad Social, sin coste financiero, para todas las empresas.
Finalmente, los empresarios apelan a la responsabilidad de los políticos para alcanzar acuerdos en cuestiones esenciales para la gestión de la pandemia, así como unos Presupuestos Generales que demuestren estabilidad institucional, tanto en el ámbito nacional como en el internacional para no desincentivar la inversión.
