Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), hecha pública hoy por el INE relativos al tercer trimestre de 2022, reflejan un mal comportamiento del mercado laboral regional que, en términos interanuales, ha destruido 11.800 puestos de trabajo.
Este descenso del 1,81 por ciento en la ocupación es el segundo peor dato del conjunto de las Comunidades Autónomas, tan solo por detrás de Asturias, y de signo contrario a la media nacional, donde el número de ocupados logra un aumento del 2,57 por ciento.
Aún más negativa resulta la evolución respecto al trimestre anterior, con un descenso de la ocupación del 2,78 por ciento, el peor dato nacional, donde se logra un tímido incremento de media, del 0,38 por ciento. Esta evolución está marcada tanto por la menor actividad de la agricultura, que suele ser habitual en este periodo del año y que se refleja en los 17.400 ocupados menos de este trimestre; junto con servicios, con 6.000 ocupados menos.
A ello se suma un notable aumento del paro en el periodo julio-septiembre, del 19,31 por ciento, el mayor del conjunto nacional, donde la subida es del 2,08. Con ello, la tasa de paro se sitúa en el 14,54 por ciento, casi dos puntos más que en España (12,67 por ciento) y solo por detrás de Andalucía, Canarias y Extremadura. Con ello, el número de parados vuelve a superar la barrera de las 100.000 personas, concretamente 109.000, frente a los 91.400 del trimestre anterior.
Como conclusión, la Encuesta de Población Activa genera gran preocupación empresarial por su contexto donde las incertidumbres generadas por la guerra de Ucrania han elevado la inflación a niveles históricos, especialmente en lo relativo a la energía, materias primas y otros suministros, lo que encarece sus costes de producción. A su vez, la subida de precios merma la capacidad adquisitiva de los consumidores, factor que se suma a las subidas de tipos de interés que afectan a todos los agentes económicos.
En este escenario, también hay que recordar los efectos de los tradicionales déficits de la economía regional, especialmente la falta de recursos hídricos, donde se agravan las incertidumbres respecto a la dotación del Trasvase, así como las deficientes infraestructuras de transporte, sobre todo ferroviario, que desincentivan la inversión productiva y, como consecuencia, la creación de empleo. En este sentido, los empresarios recuerdan que el desarrollo de las infraestructuras regionales debe ser una reclamación unánime de la sociedad civil para no seguir sufriendo los agravios comparativos que lastran nuestra capacidad de desarrollo económico y social.
