Japón prolongará hasta marzo su actual estado de emergencia por covid
El Gobierno nipón anunció este martes que prolongará hasta el 7 de marzo el actual estado de emergencia por covid que afecta a Tokio y otras de las regiones más pobladas del país, por la presión sobre el sistema sanitario pese a la reducción de casos.
La extensión de la alerta sanitaria, vigente desde comienzos de enero, afectará a diez de las 47 prefecturas del país: Tokio, Chiba, Kanagawa, Saitama, Aichi, Gifu, Osaka, Kioto, Hyogo y Fukuoka, explicó el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, en el Parlamento nacional.
«Quiero hacer todo lo posible por poner punto y final a la expansión del coronavirus», dijo Suga durante su intervención, que tuvo lugar tras reunirse con el grupo de expertos que asesora al Gobierno sobre la pandemia.
La decisión de extender la emergencia se tomará formalmente este mismo martes en una reunión del grupo de trabajo del Ejecutivo sobre la pandemia, tras la cual Suga comparecerá ante los medios.
En Tochigi, donde la alerta también estaba vigente desde comienzos de enero, esta medida excepcional se levantará como estaba previsto el 7 de febrero tras registrarse una mejoría significativa de los contagios.
El estado de emergencia en Japón no incluye confinamiento, aunque se ha instado a la población a evitar salidas innecesarias, se ha pedido a bares y restaurantes adelantar su hora de cierre comercial a las 20:00 y se ha recomendado a las empresas fomentar el teletrabajo.
Pese a que el archipiélago ha experimentado una disminución de los nuevos contagios de covid en la última semana, el número de pacientes en estado grave (aquellos que necesitan algún tipo de asistencia respiratoria) se mantiene alto y las muertes atribuidas a la enfermedad están en niveles máximos.
Japón ha contabilizado hasta el momento más de 392.000 casos de covid y 5.807 muertes.
Enero ha sido el mes más mortífero de la pandemia en el país: murieron 2.240 personas, cerca del 40 % del total, y hasta este domingo 975 personas estaban en estado grave, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Salud.
En Japón el número de camas y especialistas para tratar pacientes en cuidados intensivos es muy limitado y actualmente experimenta una carencia de personal de enfermería, lo que plantea dificultades para asegurar plazas para pacientes de coronavirus, que suelen necesitar más atención y cuyo estado puede empeorar repentinamente.
Japón tiene unos dos mil especialistas en cuidados intensivos, con una población de 126 millones de personas, según datos de la Sociedad Japonesa de Medicina Intensiva. Alemania, con una población de unos 80 millones, tiene unos ocho mil.
Fuente: www.lavanguardia.com
Unos 12.000 agricultores y ganaderos podrán pedir las ayudas de la PAC
Más de 12.000 agricultores y ganaderos de la Región de Murcia podrán presentar a partir del lunes 1 de febrero la solicitud única de la Política Agrícola Común (PAC) del año 2021 para la obtención de sus pagos directos y ayudas del Programa de Desarrollo Rural (PDR).
El Gobierno regional ha señalado que esta solicitud engloba las ayudas en concepto de pago básico, pago para jóvenes o pequeños agricultores, para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y medio ambiente, así como ayudas al cultivo de arroz, de frutos de cáscara, o al ganado.
Este concepto benefició en 2020 a 11.273 agricultores y ganaderos de la comunidad, que ya han recibido 42,6 millones de euros de los 55 millones de euros a pagar hasta el 30 de junio próximo. Las mayores partidas han sido las destinadas al pago básico, seguido del pago verde o las ayudas al bovino y caprino.
El periodo de solicitud finalizará el 30 de abril, fecha que podría ser ampliada para garantizar el cumplimiento de la normativa europea, previa comunicación al Fondo Español de Garantía Agraria y dentro del máximo permitido por los reglamentos de la Unión Europea.
Como novedad para 2021, la comunidad autónoma extenderá los controles por monitorización a todas las solicitudes de la ayuda directa por superficie, es decir, el régimen de pago básico, pago verde, régimen de pequeños agricultores y ayudas asociadas por superficie, a todo el ámbito territorial de la Región.
El régimen de Desarrollo Rural los pagos de la medida de Agroambiente y Clima del PDR 2014-2020 que se pagan por superficie o por cabeza de ganado podrán ser solicitados por aquellos beneficiarios a los que se les concedió ayuda y cumplieron sus compromisos hasta 31 de diciembre de 2020 o por aquellos beneficiarios que se subroguen a los mismos.
Además, todos los agricultores interesados en acogerse a las nuevas convocatorias de la medida de Agricultura Ecológica del PDR 2014-2020 podrán solicitar sus ayudas y pagos del año 2021.
Fuente: MurciaDiario
Biden da prioridad a la industria nacional en los contratos de la Administración federal
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado una orden ejecutiva para pedir a las agencias de la Administración federal, con un gasto anual de 600.000 millones de dólares, que a la hora de contratar opten por suministros y proveedores estadounidenses para impulsar la industria y apoyar el empleo. El decreto presidencial tiene como objetivo “aumentar las inversiones en la industria manufacturera y en los trabajadores”, adelantó la Casa Blanca a los periodistas antes de que el presidente rubricara la orden.
Este alarde proteccionista ha puesto en guardia a los principales socios comerciales de EE UU, con Canadá y varios países europeos a la cabeza. Prueba de que la relación comercial transatlántica puede atravesar turbulencias por la política del Made in America (Hecho en América) de Biden es el hecho de que en los contactos telefónicos con el primer ministro británico, Boris Johnson, y el presidente francés, Emmanuel Macron, el apartado comercial no figuró en la agenda según el comunicado oficial de la Casa Blanca.
La orden tiene como objetivo impulsar la producción nacional y salvar empleos industriales mediante el aumento de la inversión. El decreto reduce la posibilidad de incumplimiento de las normas ya existentes –la Ley de Compra de Productos Estadounidenses de 1933, aún vigente– que exigen a las autoridades federales dar prioridad a la compra de productos fabricados en EE UU, y que hasta ahora venían aplicándose de una forma laxa según la nueva Administración. La revisión legal pretende corregir las lagunas que aprovechaban algunas instancias federales para comprar productos hechos en EE UU a empresas que solo fabrican en territorio estadounidense una parte mínima de su producción.
El decreto presidencial pretende asegurar que las nuevas empresas tengan acceso a las licitaciones. “Estas inversiones contribuirán a crear trabajos sindicalizados y bien remunerados y a reconstruir mejor nuestra economía [tras la crisis de la pandemia] para que todo el mundo tenga una oportunidad justa de ser clase media”, ha indicado la Casa Blanca. Varios mantras reunidos en la misma frase: reconstrucción económica, justicia social y clase media, guiños habituales del Biden candidato en busca del voto. Lo que él llama la “espina dorsal” del país.
Este impulso del Made in America beneficiando a las empresas y los productos nacionales en los contratos del Gobierno federal -quedan al margen los Estados y la Administración local- puede convertirse en el primer punto de fricción -o la contradicción más palmaria- en el intento de Biden de abrazar la multilateralidad que Donald Trump rehuyó durante su mandato. Es cierto que el nuevo presidente repitió durante la campaña electoral el leitmotiv de consumir productos locales, un guiño indisimuladamente populista, a lo Trump, que resonó en los Estados más en disputa, como Pensilvania. Cómo encajar la apuesta por la apertura al mundo y esta suerte de trinchera comercial de tintes nacionalistas es la incógnita.
La medida de Biden recuerda políticas de Administraciones precedentes, que hallaron su máximo exponente en la guerra de aranceles que Trump declaró a medio mundo, y de la que varios países de la UE, entre ellos España, han sido objeto, incluso hasta el intercambio de sanciones. Pero, lejos de entablar nuevas o añejas guerras comerciales -la actual con China está lejos de alcanzar el armisticio-, tiene una derivada interesante: Biden empodera como importante actor económico a la Administración federal, a la que también obligará a pagar un mínimo de 15 dólares la hora a sus empleados, según otra orden ejecutiva que firmó el viernes. “Los dólares que gasta el Gobierno federal son una herramienta poderosa para apoyar a los trabajadores y fabricantes estadounidenses.
Solo las adquisiciones públicas representan anualmente casi 600.000 millones de dólares [494.000 millones de euros] de gastos federales”, señaló un funcionario de la nueva Administración, citado por la agencia Afp. Un movimiento que puede suscitar recelo entre los partidarios de aligerar el peso del Estado, incluidos los demócratas más centristas o moderados.
Fuente: El País
